Huelga a costa ajena

Claude Marsá

Una huelga general es, antes que nada, una amenaza creíble. Los trabajadores renuncian a un día de salario para imponer un coste a alguien que puede evitarlo, sea un gobierno que retira una ley o una patronal que firma un convenio. Sin ese destinatario, la huelga pierde su sentido.

La de hoy no lo tiene. El Gobierno está en funciones y las Cortes, disueltas: nadie puede legislar sobre vivienda o salarios antes del 29 de noviembre. María Jesús Montero, en su estreno como coordinadora de la campaña socialista, lo reconoció sin rodeos: habitualmente las huelgas generales se convocan contra los gobiernos; esta, contra la oposición. La ministra de Trabajo llamó a secundarla en el mismo acto en que pedía el voto. Y Unai Sordo aclaró que no iba «propiamente» contra un Gobierno cuyas medidas califica de «positivas».

Pero el oportunismo es la superficie. Lo significativo es otra cosa: esta huelga cuesta a quienes la siguen y casi nada a quienes la convocan. Les habría costado convocarla contra un gobierno afín; les sale gratis hacerlo contra el adversario que está a las puertas. Una huelga que apunta a la oposición en lugar de al Gobierno recuerda más a la CGT de Perón que al sindicalismo europeo.

La huelga es una nueva señal de la escasa independencia de la sociedad civil en España. Cuando los partidos la colonizan, la sociedad civil deja de vigilar y empieza a militar. Y una sociedad civil que milita ha dejado de servir de contrapeso al poder político.

La vivienda, además, funciona aquí más como pretexto que como motivo. ¿A quién se le exigen medidas? ¿Al Gobierno en funciones, al próximo, a la comunidad autónoma o al ayuntamiento? Una huelga presupone a alguien que cede o concede. A ese desajuste se suma una ironía: los sindicatos representan sobre todo a quienes ya tienen empleo estable y casa, mientras la crisis de la vivienda la padecen especialmente los jóvenes y los temporales, los que menos pueden permitirse el lujo de perder un día de sueldo.

Una huelga general es un capital que se gasta con el uso, y más deprisa si el uso es electoral. La vivienda es un problema serio y lo seguirá siendo gobierne quien gobierne. Cuando haga falta de verdad, quizá ya no quede crédito para convocarla.